Los ajustes comunicacionales de La Moneda luego que Kast empatara con Boric en desaprobación.

Kast alcanzó 60% de desaprobación en apenas 116 días. La Moneda apuesta por golpes de efecto en seguridad para revertir la caída, mientras su reforma enfrenta reparos en el Congreso y el Gobierno pierde apoyo entre sectores moderados e independientes. El presidente José Antonio Kast demoró exactamente 116 días en alcanzar el 60% de desaprobación en la encuesta Cadem, el pasado 5 de julio de 2026, anotando apenas un 37% de aprobación. Esa cruda cifra está a solo 48 horas de distancia del registro de Gabriel Boric, quien tardó 114 días en cruzar esa misma línea el 3 de julio de 2022, con un 33% de aprobación.

Esta caída de expectativas, a menos de cinco meses de gestión, expone una fragilidad inédita en el oficialismo si se la compara con los segundos mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Bachelet tardó 377 días en llegar al 60% de rechazo en marzo de 2015, arrastrando el ancla del caso Caval. Piñera, en tanto, demoró 595 días antes de cruzar ese umbral el 27 de octubre de 2019, bajo el estallido social, con un 78% de rechazo. Kast y Boric, en cambio, quemaron sus naves en apenas cuatro meses.

A propósito de estadísticas, la coyuntura obliga a plantearse otra una pregunta: ¿Cómo reacciona un gobierno cuando se le hunde el barco de las encuestas? Con efectismo político, parece ser la respuesta más evidente. En La Moneda saben perfectamente que en el negocio de la delincuencia, la percepción de inseguridad de la gente pesa mucho más en los titulares que cualquier fría planilla de estadísticas criminales.

Según explican en el oficialismo, el Comité Político de La Moneda busca revertir la desaprobación instalada tempranamente con fórmulas como el hollywoodense “Plan Cancerbero”. El show, aunque bien evaluado por la ciudadanía, funcionó a medias: logró un 93% de respaldo y subió temporalmente al Presidente Kast al 41% de aprobación en Cadem, a mediados de agosto, pero su rechazo quedó clavado en un rígido 53%.

El público aplaudió la función sin reparar en la escenografía. La cárcel de Talca, un hito que el oficialismo intentó vender como un logro propio, tomó más de una década en poder concretarse: fue proyectada por Bachelet, construida por Piñera, inaugurada por Boric y aprovechada comunicacionalmente por José Antonio Kast.

Según parlamentarios de la derecha, para hacer frente a la prematura desaprobación ciudadana, el Ejecutivo ha volcado sus esfuerzos hacia la agenda de seguridad pública, recurriendo a medidas diseñadas para generar un fuerte “golpe de efecto”. Esta estrategia se ve favorecida por un contexto político particular: al Gobierno le restan poco más de tres años y medio de mandato y, al no enfrentar procesos electorales en los próximos dos años, cuenta con un margen para probar fórmulas de alto impacto y esperar la recuperación de su valoración política.

La delincuencia es un área donde la percepción de la opinión pública y la sensación de inseguridad suelen ser mucho más determinantes que la misma constatación estadística de los delitos. Bajo esta premisa, el Gobierno busca contrarrestar la constante cobertura de hechos de violencia mediante despliegues ministeriales masivos y acciones de alto impacto visual que transmitan la idea de que la autoridad “se está moviendo”.

Pero mientras las cámaras filman reos, el verdadero desastre ocurre en el Congreso. La Reforma Constitucional en Seguridad hace agua por falta de rigor técnico. En los pasillos de Valparaíso, el diagnóstico de Chile Vamos es unánime: no hay una buena evaluación del equipo legislativo liderado por el ingeniero Arrau. La crítica apunta a preferir la pirotecnia mediática, antes de escribir un texto serio y desarrollar un trabajo legislativo previo.

El articulado original era tan severo que en la oposición y Chile Vamos se equiparó a un “Estado de Asamblea”. Para salvar el proyecto en el Senado, los legisladores Squella y Longton negocian en secreto con un senador de la UDI. No discuten cosmética, sino tres indicaciones clave que desarmarían el corazón autoritario de la reforma: restringir los poderes presidenciales, reintegrar el control real del Congreso sobre el estado de excepción, y frenar la interceptación de comunicaciones sin autorización de un juez de la República

El trasfondo es la pérdida de los sectores moderados e independientes. Analistas de centroderecha lo advierten con claridad: el Ejecutivo ha perdido la capacidad de retener al centro, dejando al Gobierno sustentado únicamente en su “núcleo duro de derecha”, una trinchera ideológica que no basta para gobernar un país.

Este repliegue se alimenta del desplome de las expectativas de la clase media y el debilitamiento de las banderas de Kast. El relato del “Presidente del orden” se agrieta en su propia base: un 54% evalúa su desempeño en seguridad como “peor o mucho peor de lo esperado”. En las fronteras, un 47% califica de forma negativa el desempeño en control migratorio, neutralizando las promesas de control absoluto. Cuando las promesas principales se fracturan, la realidad a veces suele pasar la cuenta.